La reforma del Código Penal conduce a las personas jurídicas a adoptar e implantar un modelo de organización y gestión para la prevención de delitos (corporate compliance), que será el eximente o atenuante de la responsabilidad penal. Esta normativa atañe especialmente a los administradores, consejeros y miembros de la alta dirección de las empresas.
Esta norma establece los requisitos para definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de riesgos para prevenir la comisión de actos constitutivos de delitos que puedan cometerse bajo la cobertura de la persona jurídica, y que lleven aparejada responsabilidad penal para la misma, así como reparar y disminuir los efectos de los delitos cometidos y, con ello, ayudar a reducir el riesgo penal de las organizaciones a través del uso de la mejora continua.
Las principales ventajas asociadas a esta norma son las siguientes:
- Ayuda a gestionar determinados riesgos, como el penal.
- Se puede aplicar a todo tipo de organizaciones y es personalizable y compatible con diversos sistemas de gestión.
- Además, es el referente internacional en materia de buenas prácticas relativas a compliance.
